Minería aporta menos del 1% a economías de países del Triángulo Norte

Entre 2010 y 2015 el ingreso económico al Estado proveniente de la explotación minera representó un 0.03 %.

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Una investigación de la organización OXFAM determinó que las actividades de explotación de minas y canteras en Centroamérica solo representa el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y su aporte fiscal que incluye pagos tributarios y no tributarios van desde el 0.71 % para Guatemala, el 0.03 % para El Salvador y 0.09 % a Honduras.

El informe se titula «La minería metálica: una valoración sobre impactos, transparencia y fiscalidad» y fue realizado por OXFAM El Salvador y el Centro de Estudios de Guatemala, con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Guatemala.

La publicación del documento surge luego de la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley Contra la Minería y el informe de las organizaciones añade que la minería en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) no representa una alternativa para alcanzar el desarrollo y la reducción de la pobreza, debido a que ni su crecimiento económico, ni sus niveles de empleo y las finanzas públicas dependen de esta actividad.

En el caso de El Salvador, los aportes fiscales del sector extractivo son poco significativos como fuente de financiamiento del gasto público, ya que entre 2010 y 2015 el ingreso económico al Estado proveniente de la explotación minera representó un 0.03 %.

En cuanto al impacto en la generación de empleos, el estudio revela que es limitado al representar menos del 0.5 % y los incentivos que pagan las empresas mineras a sus trabajadores son mínimos, si se comparan con las ganancias que obtienen por la extracción de minerales.

Otro de los datos que concluye la investigación es que en los municipios donde ha habido actividad minera la población sigue viviendo en la pobreza extrema, debido a que los pocos empleos generados son temporales y de baja calidad.

A lo anterior se añade que la instalación de los proyectos de minería metálica ha generado conflictos sociales debido a que no se ha consultado con las comunidades. En el caso particular de El Salvador ha sido la población la que se ha organizado y rechazado mediante consultas populares las pretensiones de las transnacionales de realizar trabajos de esta índole. Mientras que en Honduras y Guatemala las protestas sociales se han sido criminalizadas por las autoridades, ocasionando encarcelamiento y en algunos casos hasta la muerte de los dirigentes comunitarios.

El informe recomienda que las organizaciones sociales y la comunidad internacional deben promover, respaldar y apoyar a que los países de la región emitan legislaciones prohibitivas y disposiciones de recuperación del medio ambiente ya deteriorado, así como la implementación de mecanismos de litigio judicial, la consulta previa, libre e informada y la emisión de reglamentos y ordenanzas municipales que garanticen la prohibición de la minería en los territorios.

Fuente: AvancEs

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